Van a por emule y compañía, fracasarán

Ley Zapatero para internet

Francia avanza con paso firme para poner límites a la piratería en internet a través de un modelo de tres avisos realizados por una autoridad, Hadopi, encargada de velar por los derechos de autor, y que acabará con la desconexión del usuario si no hace caso de los dos primeros avisos.
En España hace tiempo que las partes más afectadas se han sentado a la mesa para negociar con las operadoras. Dese hace meses se está trabajando en un documento que debería estar consensuado antes del verano, texto que posteriormente servirá de base para que el Ministerio de Cultura, y otros ministerios como el de Industria, se ponga manos a la obra para diseñar una ley que disuada a los piratas y que respalde la supervisión de la circulación y las descargas de contenidos en la red. Las operadoras, que son las que tienen acceso a dicha información, no están dispuestas a dar un paso sin salvoconducto. Una medida que el propio ministro de Cultura calificó el pasado mes de diciembre como «impopular».

Propiedad intelectual y derechos fundamentales
Por José María Lancho
De una manera interesada se nos ha inmerso en un debate falso y simplificado: quienes defienden la propiedad intelectual y quienes la rechazan.
La propiedad intelectual es un derecho legítimo pero no es un derecho de la personalidad y no es un derecho fundamental. Sin embargo algunas empresas y entidades de gestión nos cuentan otra cosa, especialmente desde el aspecto patrimonial de la propiedad intelectual, que ha conseguido parasitar sobre derechos más importantes e instrumentalizarlos hasta casi sustituirlos, me refiero al derecho a la creación y al derecho al acceso a la cultura y a la información reconocidos en el artículo 20 de nuestra Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 27. Son derechos de libertad, derechos fundamentales del que gozan por igual todos los ciudadanos y que les protegen frente a cualquier ingerencia de los poderes públicos que no esté apoyada en la ley e incluso frente a la propia ley si ésta pretende fijar otros límites distintos de los de la Constitución.
La cadena trófica de la propiedad intelectual no ha hecho más que extenderse en los últimos años, ha conseguido disfrazar como una amenaza la explosión cultural nacida de una sociedad de la información y ha conseguido transformar el derecho hasta lograr que básicamente sea el derecho de propiedad quien articule el derecho de autor, el derecho a crear y el derecho a participar de la cultura y acceder a ella.
La idea horizontal y estática de esta propuesta es evidente y se enfrenta esencialmente a una idea de progreso cultural y avance científico. Porque el mensaje jurídico básico de las entidades de gestión es que cualquier nueva invención o avance supone una nueva forma de explotación de las obras intelectuales que están bajo su repertorio y eso es interpretar toda el suceso cultural de nuestro país: desde un correo electrónico hasta la sentencia de un juez como una obra derivada de las que existen ya en su repertorio, y eso es absurdo y un presupuesto intelectual falso. Nunca ha habido una industria cultural como la que hay ahora, ni ha representado un margen en el PIB mundial similar, un auténtico hipersector de la economía como corroboran los datos de Eurostat. La propuesta del control de la información que se intercambia por internet con programas P2P es una de las mayores amenazas actuales a nuestro actual sistema de derecho.
¿Se imaginan que la SGAE pudiera pedir que se abrieran las cartas de la correspondencia privada para comprobar que nuestras cartas incumplen el derecho de autor? ¿Se imaginan que esa inspección de nuestra correspondencia se hiciera con el pretexto de poder saber el precio del sello que teníamos que pagar? ¿Se imaginan que pudieran con ese pretexto interrumpir nuestras comunicaciones?
Esta hipótesis sólo puede hacer felices a Gobiernos despóticos y a entidades nacidas en el contexto de dictaduras. La propuesta es un suicidio social: el control jurídico de la cultura.