Cuando la Diplomacia Falla
Por Julián Schvindlerman
Durante el año 2007, el partido gobernante y las fuerzas de seguridad en Zimbawe “cometieron abusos contra partidos opositores y sus seguidores y obstruyeron sus actividades” conforme al Informe País sobre Prácticas de Derechos Humanos del Departamento de Estado norteamericano. El gobierno, cuya corrupción está “esparcida”, incurrió en “amplio y sistemático abuso de los derechos humanos”. Entre las violaciones a los derechos humanos de los zimbwaneses que las autoridades cometieron, el informe detalla “asesinatos ilegales y secuestros políticamente motivados”, “violencia y discriminación contra la mujer”, “tráfico de mujeres y niños” y “trabajo infantil”. Además, las “fuerzas de seguridad torturaron a miembros de la oposición, líderes estudiantiles y activistas de la sociedad civil”, “el gobierno continuó empleando leyes represivas para suprimir libertades de expresión, de prensa, de asociación, libertad académica, de asamblea y movimiento”, y las “fuerzas de seguridad actuaron con impunidad, arrestaron y detuvieron arbitrariamente a la oposición, miembros de la sociedad civil, trabajadores, periodistas, manifestantes y líderes religiosos”.
Esto ocurrió el año pasado, tal como en años anteriores. Este año, la política tiránica del dictador Robert Mugabe se sostuvo, y durante las últimas elecciones reprimió de tal manera a sus opositores que hasta la ONU intervino. El viernes 11 de julio, el Consejo de Seguridad se reunió para votar un paquete de sanciones promovido por Estados Unidos. Washington pretendía que la ONU impusiera un embargo de armas y limitaciones financieras a la vez que restringiera el movimiento internacional de oficiales del gobierno. Eso no sucedió. Rusia y China vetaron la iniciativa alegando que ello equivalía a una intromisión foránea en los asuntos internos del país. Libia y Vietnam coincidieron, y también votaron en contra. Otro tanto hizo Sudáfrica, invocando la solidaridad regional. Gracias a estas naciones, Mugabe podrá seguir masacrando a sus súbditos con total impunidad.
Al lunes siguiente, en un acontecimiento paralelo, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), el argentino Luis Moreno Ocampo, presentó cargos de genocidio contra el presidente sudanés Omar al-Bashir. Ocampo lo acusó de planificar la obliteración de las tribus africanas en Darfur mediante una campaña de asesinatos, violaciones, y deportaciones. Más de trescientas mil personas fueron muertas, más de dos millones y medio han sido desplazadas internamente, y casi un cuarto de millón de refugiados huyeron a Chad desde el año 2003 solamente. Tal como Mugabe, sólo que en el año 2000, Bashir fue reelecto en unas elecciones oficialmente fraguadas. El descargo del fiscal Moreno Ocampo marcó la primera vez que un jefe de estado en ejercicio es acusado por la Corte Penal Internacional, pero, según Associated Press, “Es improbable que Al-Bashir sea enviado a la Haya prontamente. Sudán rechaza la jurisdicción de la corte y se rehúsa a arrestar sospechosos”. A su vez, a los jueces de la CPI les tomará “meses” -según ha estimado el propio fiscal- tomar la decisión de aceptar o denegar el pedido.
Apelar a otros órganos de la ONU no tendrá sentido: allí están Rusia y China para garantizar la inmunidad a los peores dictadores del globo. Además, tal como informaran las agencias ANSA, EFE, DPA y Reuters, Egipto, Irán y la Liga Árabe “rechazaron enérgicamente” la decisión de la CPI, mientras que el secretario-general Ban Ki-Moon “dialogó telefónicamente con Al-Bashir, a quién le aseguró que no influyó en la decisión de la CPI”. Sea en Zimbawe, Teherán, en su momento Bagdad, Burma, o Darfur, la ONU está constitucionalmente incapacitada de actuar. Salvo, desde ya, que se trate de condenar alguna acción estadounidense o israelí, ocasión en la que ella inmediatamente esgrime notable celeridad. Y si bien en este caso puntual la CPI pudo operar a instancias del Consejo de Seguridad, el hecho de que esto sea una novedad es un comentario muy elocuente a propósito de su pobre accionar. A través de la Corte Penal Internacional, la ONU ha imputado en el pasado a quienes cometieron crímenes de guerra y contra la humanidad en Ruanda, Liberia y Bosnia, pero solamente una vez que el genocidio ya había sido cometido y los responsables abandonado sus cargos. Tal el caso de los jerarcas de Ruanda, el liberiano Charles Taylor, y el serbio Slodovan Milosevic. Si bien el castigo de tales crímenes es importante, la prevención y detención del crimen en ejecución es crucial. Y en esta área, el accionar de la ONU ha sido legendariamente decepcionante.
Para aquellos de nosotros que no tenemos demasiada fe en las bondades diplomáticas de las Naciones Unidas, estos hechos apenas sorprenden. Tenemos ante nosotros la dolorosa evidencia de que por años ella toleró el ilegal desarrollo nuclear iraní, los excesos criminales de Zimbawe, el genocidio de Sudán, y la represión de la junta militar de Burma. Sabemos con absoluta seguridad que si de la ONU dependiera, Saddam aún hoy sería soberano en Irak, el régimen Talibán seguiría intacto en Afganistán, y Milosevich continuaría matando a mansalva mientras que Bosnia y Kosovo permanecerían ensangrentadas. Para aquellos de nosotros que creemos en la necesidad de la ocasional intervención política y militar decidida para atenuar el sufrimiento humano allí donde la diplomacia ha fracasado, estas son obviedades. Para aquellos que repudian este curso de acción, ello es una cuestión de principios y no lucen dispuestos a reconocer que hay instancias en las que la diplomacia fracasa. No advierten que la insistencia en un método de probada inutilidad en determinadas situaciones contribuye al desamparo de las víctimas.
La agonía de Sudán, la tragedia de Burma, la amenaza de Teherán, y el terror de Zimbawe, son serios y reales. Igualmente serias y reales debieran ser las respuestas de la comunidad internacional.
No olvidemos que también algunos países europeos (con Francia a la cabeza) y los USA son expertos en pasarle la mano por el lomo a los peores dictadores, reyezuelos y tiranos. Son culpables por acción, y por omisión. Por cruzarse de brazos y continuar sosteniendo con su dinero, con el de nuestros impuestos, a ese anacronismo inútil llamado ONU.
Esto ocurrió el año pasado, tal como en años anteriores. Este año, la política tiránica del dictador Robert Mugabe se sostuvo, y durante las últimas elecciones reprimió de tal manera a sus opositores que hasta la ONU intervino. El viernes 11 de julio, el Consejo de Seguridad se reunió para votar un paquete de sanciones promovido por Estados Unidos. Washington pretendía que la ONU impusiera un embargo de armas y limitaciones financieras a la vez que restringiera el movimiento internacional de oficiales del gobierno. Eso no sucedió. Rusia y China vetaron la iniciativa alegando que ello equivalía a una intromisión foránea en los asuntos internos del país. Libia y Vietnam coincidieron, y también votaron en contra. Otro tanto hizo Sudáfrica, invocando la solidaridad regional. Gracias a estas naciones, Mugabe podrá seguir masacrando a sus súbditos con total impunidad.
Al lunes siguiente, en un acontecimiento paralelo, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), el argentino Luis Moreno Ocampo, presentó cargos de genocidio contra el presidente sudanés Omar al-Bashir. Ocampo lo acusó de planificar la obliteración de las tribus africanas en Darfur mediante una campaña de asesinatos, violaciones, y deportaciones. Más de trescientas mil personas fueron muertas, más de dos millones y medio han sido desplazadas internamente, y casi un cuarto de millón de refugiados huyeron a Chad desde el año 2003 solamente. Tal como Mugabe, sólo que en el año 2000, Bashir fue reelecto en unas elecciones oficialmente fraguadas. El descargo del fiscal Moreno Ocampo marcó la primera vez que un jefe de estado en ejercicio es acusado por la Corte Penal Internacional, pero, según Associated Press, “Es improbable que Al-Bashir sea enviado a la Haya prontamente. Sudán rechaza la jurisdicción de la corte y se rehúsa a arrestar sospechosos”. A su vez, a los jueces de la CPI les tomará “meses” -según ha estimado el propio fiscal- tomar la decisión de aceptar o denegar el pedido.
Apelar a otros órganos de la ONU no tendrá sentido: allí están Rusia y China para garantizar la inmunidad a los peores dictadores del globo. Además, tal como informaran las agencias ANSA, EFE, DPA y Reuters, Egipto, Irán y la Liga Árabe “rechazaron enérgicamente” la decisión de la CPI, mientras que el secretario-general Ban Ki-Moon “dialogó telefónicamente con Al-Bashir, a quién le aseguró que no influyó en la decisión de la CPI”. Sea en Zimbawe, Teherán, en su momento Bagdad, Burma, o Darfur, la ONU está constitucionalmente incapacitada de actuar. Salvo, desde ya, que se trate de condenar alguna acción estadounidense o israelí, ocasión en la que ella inmediatamente esgrime notable celeridad. Y si bien en este caso puntual la CPI pudo operar a instancias del Consejo de Seguridad, el hecho de que esto sea una novedad es un comentario muy elocuente a propósito de su pobre accionar. A través de la Corte Penal Internacional, la ONU ha imputado en el pasado a quienes cometieron crímenes de guerra y contra la humanidad en Ruanda, Liberia y Bosnia, pero solamente una vez que el genocidio ya había sido cometido y los responsables abandonado sus cargos. Tal el caso de los jerarcas de Ruanda, el liberiano Charles Taylor, y el serbio Slodovan Milosevic. Si bien el castigo de tales crímenes es importante, la prevención y detención del crimen en ejecución es crucial. Y en esta área, el accionar de la ONU ha sido legendariamente decepcionante.
Para aquellos de nosotros que no tenemos demasiada fe en las bondades diplomáticas de las Naciones Unidas, estos hechos apenas sorprenden. Tenemos ante nosotros la dolorosa evidencia de que por años ella toleró el ilegal desarrollo nuclear iraní, los excesos criminales de Zimbawe, el genocidio de Sudán, y la represión de la junta militar de Burma. Sabemos con absoluta seguridad que si de la ONU dependiera, Saddam aún hoy sería soberano en Irak, el régimen Talibán seguiría intacto en Afganistán, y Milosevich continuaría matando a mansalva mientras que Bosnia y Kosovo permanecerían ensangrentadas. Para aquellos de nosotros que creemos en la necesidad de la ocasional intervención política y militar decidida para atenuar el sufrimiento humano allí donde la diplomacia ha fracasado, estas son obviedades. Para aquellos que repudian este curso de acción, ello es una cuestión de principios y no lucen dispuestos a reconocer que hay instancias en las que la diplomacia fracasa. No advierten que la insistencia en un método de probada inutilidad en determinadas situaciones contribuye al desamparo de las víctimas.
La agonía de Sudán, la tragedia de Burma, la amenaza de Teherán, y el terror de Zimbawe, son serios y reales. Igualmente serias y reales debieran ser las respuestas de la comunidad internacional.
No olvidemos que también algunos países europeos (con Francia a la cabeza) y los USA son expertos en pasarle la mano por el lomo a los peores dictadores, reyezuelos y tiranos. Son culpables por acción, y por omisión. Por cruzarse de brazos y continuar sosteniendo con su dinero, con el de nuestros impuestos, a ese anacronismo inútil llamado ONU.
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